En el informe “La otra pandemia” se plantea que en España el sistema de atención primaria ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento.
España desoye 12 años de recomendaciones internacionales sobre atención primaria y vulnera el derecho a la salud de pacientes no COVID.
La falta de inversión en atención primaria previa a la pandemia y una gestión sanitaria que ha adolecido de falta de planificación y recursos suficientes para afrontarla, deja abandonadas a personas vulnerables, enfermedades desatendidas y diagnósticos, en algunos casos, demasiado tardíos.
Las mujeres, que representan el 75% de las personas cuidadoras, y el 78% del personal sanitario contagiado han sufrido de manera especial el impacto de una atención primaria debilitada.
Las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación.
Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.
Esta situación ha generado múltiples barreras en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas cuyo retraso en la atención sanitaria podría haber agravado su condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta merma en la accesibilidad a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de éste grupo de personas.
Se han desoído así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en un ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0.77 y 0.66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria, está muy alejadas de las de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42). “España lleva doce años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25% del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo en España ha sido más bien al contrario, ésta se ha visto reducida en un 13% entre 2009 y 2018. Casi un año de pandemia después y con la tercera ola de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado” «Estamos viendo enfermedades que no hemos diagnosticado antes. Gente que tenía dolores y ahora tiene metástasis.
El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas de todo el país, advierte que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 lastrará hasta un 5% la supervivencia en cáncer de pulmón en España, lo que supondría 1.300 muertes adicionales.
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