Merecemos #transparencia en costes de producción, contribuciones públicas, etc. *
¡Transparencia Ya!* No es justo que haya quien se esté lucrando con la #pandemia
QUEREMOS que no haya patentes médicas en esta pandemia y que las vacunas, medicamentos y diagnósticos para el COVID-19 lleguen realmente a todas las personas del mundo!
Es nuestra oportunidad de cambiar la historia. Los gobiernos deben exigir la exención de patentes de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas para tratar el COVID-19 mientras dure la pandemia.
Muchas de las herramientas médicas que se están desarrollando han recibido financiación pública en su etapa de investigación. A pesar de esto, las compañías farmacéuticas buscan patentarlas, controlar el precio y la producción.Necesitamos que TODOS los gobiernos prioricen la salud y exijan a las empresas farmacéuticas que las herramientas médicas vinculadas al COVID-19 estén disponibles y sean asequibles para toda la población.
La pandemia sólo se terminará cuando todas las personas del mundo accedan a las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos.
No a las patentes de medicamentos, vacunas y diagnósticos durante la pandemia. Las vidas son más importantes que las ganancias de las empresas.“Europa invirtió miles de millones de euros para ayudar a desarrollar las primeras vacunas frente a la Covid-19, para crear un bien público global real. Y ahora las empresas deben cumplir. Deben hacer honor a sus obligaciones”.
¿Las vacunas un bien público global?
El problema es que el enfoque para la estrategia de vacunación de la UE no ha pretendido realmente hacer de las vacunas un bien público global, sino tratar de resolver su problema, según el viejo esquema de “sálvese quien pueda”. Ha cedido a los planteamientos de la industria, y lo que debían ser productos sin patente, compartiendo el conocimiento, se han transformado en propiedad privada.
En el único contrato de vacunas que la Comisión ha permitido conocer, con muchos párrafos tachados, se observa que, a pesar de que hasta 2.700 millones de euros públicos fueron invertidos en la investigación, desarrollo y la producción de varias de esas vacunas para la investigación, la empresa se reserva todos los derechos de propiedad intelectual.
El precio lo pone la empresa, y lo fija muy por encima de los costes en la mayoría de los casos; y el volumen de producción lo decide la empresa, que puede subcontratar la producción a otras plantas. En un bien público global, que es aquel que brinda beneficios a todas las personas y regiones del planeta, mejora la calidad de vida de los seres humanos y es de libre acceso, la empresa originaria haría transferencia de su tecnología a todas las que quisieran fabricar el producto. No habría cuellos de botella. Y el precio sería el precio de coste de fabricación, ya que la investigación se habría financiado con fondos públicos. Si la empresa hubiera invertido algo más de sus propios recursos, se le cubrirían dichos gastos.
Carencia de medios sanitarios
Según la Organización Mundial de la Salud muchos paises no cuentan con la tecnologianecesaria para hacer frente a la pandemia, Lo mismo sucede con las camas para cuidados intensivos (por ejemplo, Sudán del Sur tenía menos de 200), la falta de equipos de protección sanitaria, la escasez de kits de testeo, el bajo número de médicos per cápita, la falta de formación en cuidados intensivos o las dificultades en el acceso internacional a material sanitario. Todo ello hace especialmente vulnerables a estos países.
Las medidas de aislamiento parecen fundamentales ante un impacto que podría ser mortal; sin embargo, incluso en el caso de que se logre combatir la epidemia a nivel sanitario, el impacto en la economía y la seguridad alimentaria de muchos ciudadanos de países en desarrollo será devastador.
Crecimiento de la pobreza extrema y el hambre
Se debe resaltar el impacto en la pobreza, ya, el número de personas en el mundo con hambre aguda se duplicará. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, junto con otras organizaciones, publicó un informe que indicaba que más de 130 millones de personas entrarán en las fases de inseguridad alimentaria aguda (IPC/CH 3 o superior), llegando a un total mundial de 265 millones. La situación derivada de la COVID-19 agravará la situación de personas que, bien por conflictos, cambio climático, plagas o por sus bajos ingresos económicos, ya estaban en esa situación de inseguridad alimentaria aguda que entre 40 y 60 millones de personas podrían ser «empujadas» a la pobreza extrema (vivir por debajo del umbral de 1,9 dólares al día).
Caída del precio de las materias primas
La pandemia ha generado un efecto en la oferta y en la demanda de estos productos básicos, generando cierres o interrupciones en las cadenas de suministro y efectos indirectos en el crecimiento económico. Las economías en desarrollo y emergentes son mucho más vulnerables a estos impactos: el 89% de los países de África subsahariana dependen fuertemente de las materias primas y por tanto son muy vulnerables a la volatilidad de estos precios. Además, los costes de transporte corren el riesgo de elevarse, afectando a la agricultura, los productos alimenticios y los textiles.La crisis sanitaria generada por una pandemia que, además, tiene su origen en el expolio y la depredación de espacios naturales por parte de las grandes corporaciones extractivistas, así como en la destrucción de la biodiversidad, es insostenible, siendo que el dinero y el mercado están por encima de todo, incluso de la salud y de la vida.
Esta crisis, al igual que todas las crisis dentro del sistema capitalista, se ha cebado, como ya hemos mencionado, con las capas más pobres de la sociedad, no sólo en lo sanitario, sino también en lo económico, creando aún más pobreza y desesperación, llevando a la miseria más absoluta a gran parte de la sociedad, mientras que las grandes fortunas salen aún más enriquecidas, hasta un 24% más respecto del último año.Es obsceno y criminal que la tecnología y la ciencia, construida desde el conocimiento social acumulado a lo largo de la historia del ser humano estén monopolizadas por empresas codiciosas que lo único que persiguen es el enriquecimiento de sus propietarios y consejos de administración, con sus respectivas comisiones y maletines para los gobernantes y funcionarios del Estado.
Ahí tenemos un caso claro, el de la industria farmacéutica, que está condenando a la humanidad pobre, una ingente cantidad de mujeres, hombres y niños, a la muerte y la enfermedad al haberse apropiado, con el apoyo de los Estados, del patrimonio social que son el conocimiento y sus derivados, como es el caso de las vacunas.
La industria farmacéutica ha engañado a todo el mundo, haciendo contratos que no cumple, dejando sin surtir mercados con los que se había comprometido, abasteciendo sólo a los mejores Estados postores, inflando los precios artificialmente, chantajeando a toda la sociedad al tener la sartén por el mango, enriqueciendo a sus inversores y directivos a costa de la muerte de miles de personas, y con la complicidad de los gobiernos.
La gestión de la pandemia es el enésimo reflejo del conflicto de fondo entre capital y vida, entre intereses privados y bienes comunes, entre mercancías y derechos.
Cerca del 75% de las vacunas contra el coronavirus distribuidas pertenecen a tan sólo diez países de todo el mundo. 85 Estados con escasos recursos no podrán acceder de forma generalizada a la vacuna hasta por lo menos el 2023.Solo desde la fe ciega en el mercado se puede asumir la total dependencia que conlleva dejar en manos de multinacionales la producción y suministro de vacunas. Poco ha importado que, desde abril, se vengan recibiendo señales (muchas procedentes incluso de la propia industria farmacéutica) advirtiendo de la incapacidad privada para producir a tiempo todas las dosis necesarias. Y es que la fe no entiende de razones. Eso sí: hoy, los obispos neoliberales callan ante el estrepitoso fracaso del «libre mercado» para asignar eficientemente los recursos y suministrar armoniosamente los bienes y servicios demandados. Valga un dato tan ilustrativo como vergonzoso: los países con mayores rentas acaparan el 99% de las dosis de vacunas disponibles gracias a acuerdos confidenciales y secretos.
Es por eso que no podemos perdernos en debates estériles ni seguirle el juego a quienes pretenden convertir a una farmacéutica concreta en el nuevo «malo de la película» para que no miremos el incendio que unas y otras han provocado. Toca hablar claro y en base a elementos concretos, que permitan una salida a esta crisis que anteponga nuestras vidas a sus beneficios (a la señora Von der Leyen hay que recordarle, por si aún no se ha dado cuenta, que preside la Comisión Europea y no la Cámara de Comercio de las farmacéuticas en Bruselas). A continuación, habrá que empezar por el principio: la salud, y esto incluye la vacunación, que es un derecho humano. Las vacunas deben ser un bien público global. Y ni los derechos ni los bienes públicos pueden estar en manos del mercado ni ser tratados como mercancías con las que hacer negocio.Asumir esto y dar el salto desde la mera propaganda hacia las políticas públicas tiene varias consecuencias. La primera es modificar urgentemente el papel del sector público desde su función actual de mero agente facilitador de mercado para pasar a ser un actor principal regido por criterios sociales y ecológicos. Con tiempo suficiente, cabría abrir el debate sobre si una producción pública de vacunas podría convivir o no con la iniciativa privada en ese sector. Pero la urgencia sanitaria es total y no hay tiempo para construir laboratorios ni recuperar las capacidades industriales desmanteladas si no es a costa de sumar miles de muertes más. Así que toca pasar a la acción: el sector público debe liberar la patente, centralizando y planificando la producción y distribución de las vacunas, expropiando para ello a los actores privados que se han demostrado incapaces y desprovistos de voluntad de responder a este desafío.
Con dinero público se rescataron bancos, autopistas y aerolíneas privadas. ¿Tan extraño resulta exigir ahora que se «rescate» nuestro servicio público de salud, poniendo a los laboratorios farmacéuticos bajo control social para asegurar el servicio de un bien común (la vacuna) que asegure un derecho humano (la vacunación)? La expropiación de terrenos privados para impulsar una obra pública –como una carretera– es, en cualquier país del mundo, una práctica común en la que prima el interés público sobre la propiedad privada. ¿Por qué debería ser diferente cuando hablamos de la salud? El interés común de la población debe primar sobre los beneficios millonarios de las farmacéuticas.
Algunos argumentarán que esto va en contra de multitud de leyes escritas con tinta ordoliberal de tono casi constitucional en los Tratados Europeos. Otros pondrán el foco en las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre patentes y propiedad privada que se incumplirían con algo así y en el riesgo de que las propias farmacéuticas activen los famosos tribunales de arbitraje público-privados. En el lado opuesto, habrá quienes repliquen que normas nacionales como la Ley española de patentes o el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dan cobertura legal a la liberación de patentes como están planteando países como India o Sudáfrica en la propia OMC. Pero, de nuevo, nos estaríamos perdiendo en laberintos que no nos podemos permitir.
¿Acaso no se han suspendido derechos fundamentales como el de reunión y libertades básicas como la movilidad en nombre de una urgencia sanitaria? ¿Por qué la emergencia y el interés general que justifica la excepcionalidad de derechos para las mayorías no se aplica para recortar los intereses de una minoría peligrosa que pretende hacer negocio con el sufrimiento de muchos? ¿Y qué hay de todo el dinero público invertido en investigaciones de las que solo saca rédito económico un puñado de empresas, quedándose además con el monopolio de las patentes?
Que la excepcionalidad del momento sirva para que, por una vez, la «doctrina del shock» cambie de bando y, de esta forma, podamos dar pasos en la verdadera cuestión de fondo: la propiedad privada debe desaparecer como concepto y práctica en asuntos ligados con la vida. La gestión de la pandemia es el enésimo reflejo del conflicto de fondo entre capital y vida, entre intereses privados y bienes comunes, entre mercancías y derechos. Si tenemos que sacar algo en positivo de esta crisis, que sea la constatación general de esta incompatibilidad central. Que la urgencia no vuelva a ser la coartada para mantener la excepcionalidad permanente en lugar de acometer cambios de fondo.
Comentarios
Publicar un comentario