Ha transcurrido un año y medio desde el inicio de la pandemia, hemos padecido cuatro olas y estamos inmersos en la quinta ola de la pandemia de COVID-19, con altísimas tasas de incidencia en la población general y más altas aun en la población de 12 a 39 años. En consecuencia, la presión hospitalaria crece a pasos agigantados, sobre todo por el ingreso de numerosas personas menores de 40 años. Por si fuera poco, la incidencia se eleva también en las personas mayores vacunadas. Sin embargo, la respuesta a todo ello no está siendo ni lo contundente y ni lo coordinada que se requiere.
La dominancia de la variante delta, (seguramente subestimada ya que nuestra capacidad de medición es muy mejorable), implica que sus características de mayor capacidad de contagio e incluso de probable escape (al menos parcial) a la inmunidad adquirida, deban ser tenidas en cuenta a la hora de rediseñar políticas mucho más intervencionistas para frenar la pandemia. Esperar y ver, no puede ser una opción en estos momentos.
Cuanto más tiempo tengamos incidencias tan altas mayores probabilidades habrá de que se produzcan casos severos incluso en personas vacunadas, que, si bien serán pocos en cifras proporcionales, pueden ser relevantes en cifras absolutas, con la consiguiente alarma social y el riesgo de reabrir un cierto (y perjudicial) debate sobre la efectividad de las vacunas. Y, además, más oportunidades le daremos al virus para producir mutaciones más contagiosas o con mayor escape vacunal.
En materia de vacunación, nos quedan aún muchos aspectos por conocer desde la perspectiva de la evidencia científica antes de aventurar qué nuevos pasos deberemos dar en el futuro, sea en lo relativo a una eventual tercera dosis o a posibles vacunaciones en sucesivos años. Sin embargo, hay algo que sí sabemos hoy, y es que el acceso a la vacuna o se hace universal, (y por ende beneficia a todos los habitantes del planeta), o dejará un espacio abierto a la aparición de nuevas variantes con la consecuente incertidumbre sobre la evolución futura de esta pandemia.
La producción de vacunas tiene que potenciarse mundialmente para poder llegar a todos los países sin que las patentes constituyan un cuello de botella para el efectivo control de la pandemia y con esfuerzos más efectivos para aumentar la capacidad de producción con acuerdos entre empresas productoras. Por desgracia, hasta ahora en este aspecto ha habido muchas más palabras que hechos y queda camino por recorrer.
La Fundación Foessa y CaritaS han publicado el informe "Sociedad expulsada y derecho a ingresos", donde indican que la pandemia ha tenido un impacto "desolador" en la sociedad española, con 11 millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en situación de pobreza severa. Son dos millones más que en 2018 y supone la cifra más elevada registrada en el país desde 2007. Según el informe, se aprecia un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: han aumentado las familias en situación de pobreza, pero también se han reducido los hogares sin problemas de exclusión, que son el 41,2% cuando en 2018 eran el 49,3%. "Se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos", ha aseverado. "Este in...
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