La Coordinadora Antiprivatización Sanitaria (CAS), entregó el pasado viernes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud.
Una iniciativa que si se admite a trámite deberá de recaudar más de 500.000 firmas, para ponerle coto a la conocida como “colaboración público privada” que para el CAS no se más que “un burdo encubrimiento del hecho central del proceso de privatización: el necesario desmantelamiento del sector público para que funcione sin trabas el negocio privado”.
“El objetivo es modificar las leyes que permiten la privatización de la sanidad y contemplar otros temas como la universalización de la asistencia”, explica Flores a El Salto. Centrando el tiro, lo que piden derogar es “la Ley 15/97 que fue aprobada por casi todos los grupos parlamentarios del momento, exceptuando IU y BNG, y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que habla sobre los conciertos y permitió que las empresas puedan entrar en el sistema público de salud”, relata la portavoz del CAS.
“Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”, reza el artículo 90.1 de la Ley General de Sanidad. Esto, entre otras cosas, ha posibilitado, por ejemplo, la aparición de hospitales de gestión privatizada en comunidades como Andalucía, Catalunya o País Valencià.
Tras la presentación de la ILP hay que buscar apoyo político para que salga adelante. Y la portavoz del CAS no lo ve fácil. “Creemos que el PSOE no lo va a apoyar porque fue uno de los que votaron a favor de la ley. Con el PP y Vox tampoco contamos. Quedaría la izquierda más minoritaria como ERC y BNG. Algunos de estos partidos sí que llevan la derogación de la ley en su programa electoral”, “No sabemos lo que haría Unidas Podemos, ojalá y la apoyen pero tengo mis dudas”,
La Fundación Foessa y CaritaS han publicado el informe "Sociedad expulsada y derecho a ingresos", donde indican que la pandemia ha tenido un impacto "desolador" en la sociedad española, con 11 millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en situación de pobreza severa. Son dos millones más que en 2018 y supone la cifra más elevada registrada en el país desde 2007. Según el informe, se aprecia un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: han aumentado las familias en situación de pobreza, pero también se han reducido los hogares sin problemas de exclusión, que son el 41,2% cuando en 2018 eran el 49,3%. "Se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos", ha aseverado. "Este in...

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