La Coordinadora Antiprivatización Sanitaria (CAS), entregó el pasado viernes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud.
Una iniciativa que si se admite a trámite deberá de recaudar más de 500.000 firmas, para ponerle coto a la conocida como “colaboración público privada” que para el CAS no se más que “un burdo encubrimiento del hecho central del proceso de privatización: el necesario desmantelamiento del sector público para que funcione sin trabas el negocio privado”.
“El objetivo es modificar las leyes que permiten la privatización de la sanidad y contemplar otros temas como la universalización de la asistencia”, explica Flores a El Salto. Centrando el tiro, lo que piden derogar es “la Ley 15/97 que fue aprobada por casi todos los grupos parlamentarios del momento, exceptuando IU y BNG, y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que habla sobre los conciertos y permitió que las empresas puedan entrar en el sistema público de salud”, relata la portavoz del CAS.
“Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”, reza el artículo 90.1 de la Ley General de Sanidad. Esto, entre otras cosas, ha posibilitado, por ejemplo, la aparición de hospitales de gestión privatizada en comunidades como Andalucía, Catalunya o País Valencià.
Tras la presentación de la ILP hay que buscar apoyo político para que salga adelante. Y la portavoz del CAS no lo ve fácil. “Creemos que el PSOE no lo va a apoyar porque fue uno de los que votaron a favor de la ley. Con el PP y Vox tampoco contamos. Quedaría la izquierda más minoritaria como ERC y BNG. Algunos de estos partidos sí que llevan la derogación de la ley en su programa electoral”, “No sabemos lo que haría Unidas Podemos, ojalá y la apoyen pero tengo mis dudas”,
Las diversas incidencias ocurridas con las vacunas han puesto en evidencia ante la opinión pública lo que es el modo habitual de funcionamiento de la Big Farma. Generalmente la investigación se realiza en gran parte utilizando fondos públicos (en el caso de las vacunas más del 90% de la inversión la ha realizado el sector público), luego las empresas patentan las vacunas como si las hubieran realizado ellas solas, y de inmediato les colocan precios abusivos (se calcula que el precio de venta de las vacunas esta entre 6 y 10 veces su precio de coste de producción), luego negocian sin transparencia alguna ocultando a la ciudadanía, que a la postre es la que las paga con sus impuestos, al menos en los países más potentes económicamente, los intríngulis de los contratos, los precios y las condiciones en que estos se realizan. Para mayor escarnio, en cuanto tienen una oportunidad, a pesar de haber recibido el dinero antes de entregar las vacunas, aprovechan para vender a precios mas altos l
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