ELEGIMOS SANIDAD PÚBLICA

1.Reducción de emisiones a la atmósfera. La emisión de gases de efecto invernadero, es decir, con capacidad para aumentar el calentamiento global de la Tierra, es actualmente un caballo desbocado por culpa de la actuación de los países industrializados desde mediados del siglo XIX, pero, sobre todo, desde mediados del XX y hasta la actualidad. Todos los esfuerzos se centran en detener esas emisiones, sobre todo de CO2, pero también de otros gases. Para ello ya hay calendarios aprobados en todo el planeta para el cierre de centrales eléctricas de carbón, del parque móvil de gasolina y de otras tecnologías contaminantes. El mundo se ha marcado como meta alcanzar la neutralidad de emisiones (es decir, emitir solo la misma cantidad de gases que pueda capturarse) en el año 2050, con una parada intermedia en 2030, donde cada país fija una meta que varía en función de sus propias capacidades y situación concreta. En el caso de la UE, la reducción de emisiones deberá ser del 55% (en compa

COP26 significa Conferencia de las Partes número 26, es decir, la vigesimosexta reunión de los países desde la Cumbre de la Tierra de Brasil, celebrada en 1992, donde se acordaron estas reuniones anuales. Por tanto, son reuniones anuales (aunque el año pasado no se celebró por la pandemia) y cada vez tienen más repercusión mediática por la gravedad que ha alcanzado la situación climática. Los últimos informes de la ONU apuntan a que, de mantenerse la situación actual (incluso con los recortes de emisiones ya aprobados), la temperatura global puede llegar a subir 2,7º C, o incluso más, a final de siglo, en vez de solo 1’5º C, como se decidió en París. Por tanto, todo indica que Glasgow producirá una nueva ‘vuelta de tuerca’ para acordar recortes más severos en las emisiones. Para ello, los diferentes países deben presentar actualizados en la cumbre sus estrategias nacionales de reducción de emisiones, de modo que se garantice no sobrepasar los 1,5ºC de calentamiento para 2100, ten

Llamamiento a los líderes del G20 para que las vacunas sean accesibles para las personas en movilidad humana. Nos dirigimos a ustedes en nombre de los millones de personas de todo el mundo que luchan por sobrevivir a la pandemia de COVID-19 lejos de sus hogares. Algunas se han visto forzadas a huir debido a la guerra, el conflicto, la persecución y violaciones a los derechos humanos. Otras se desplazan para escapar de las dificultades socioeconómicas o de las consecuencias del cambio climático. Como todo extranjero lejos de su casa, muchos están en riesgo de ser excluidos o abandonados. Debido a su situación de vida, muchos se enfrentan a obstáculos para acceder a vacunas, pruebas, tratamientos, atención e incluso a información fiable. Es una cruda realidad que algunos de los países más pobres del mundo cargan con la mayor responsabilidad de apoyar a las personas desplazadas y a otras en movilidad humana. Estos países necesitan un suministro fiable y adecuado de vacunas y otros

La decisión, anunciada hace unos días por el consejero Jesús Aguirre, ha provocado una ola de protestas y movilizaciones que se sucederán en los próximos días para intentar frenar este duro de recorte de plantilla que mermará aún más la calidad asistencial en la sanidad pública andaluza. En palabras del secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía), José-Pelayo Galindo, nos encontramos ante “uno de los mayores recortes que la sanidad pública ha sufrido en los últimos tiempos perpetrado por el Gobierno de Juanma Moreno”, que se enmarca en la “estrategia de la Junta de externalizar hacia la empresa privada todos los servicios públicos que le sea posible”. El recorte de 8.000 trabajadores se ha hecho sobre los 20.000 eventuales contratados, 13.000 de ellos durante la pandemia, cuyos contratos iban a ser renovados según se comprometió el propio presidente Moreno. La mayor sangría se la lleva el colectivo de au

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia de Covid-19 podría prolongarse fácilmente hasta 2022 debido a retrasos en la distribución de vacunas a los países en desarrollo. Según las últimas cifras, menos del 5% de la población africana ha sido vacunada con las dos dosis, en comparación con el 40% en la mayoría de los demás continentes, lo que significa, según el doctor Bruce Aylward, que la pandemia «durará un año más de lo necesario». Tal y como revela un estudio solo se ha entregado una de cada siete de las 1.8 millones de dosis prometidas a los países en desarrollo y señala también una falla del sistema de distribución global de vacunas Covax, que planeaba entregar 994 millones de vacunas y hasta ahora solo ha entregado 120 millones. Si las vacunas no llegan a los países más pobres la pandemia continuará Covax El plan del programa global Covax, respaldado por las Naciones Unidas, era que todos los países pudiesen adquirir vacunas a través de ese mecanismo, p

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tenemos que señalar que ya desde la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, en 1985, señalamos la necesidad de garantizar la práctica del aborto en el sistema sanitario público como una prestación normalizada y que para ello era imprescindible la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios implicados, porque de no hacerse así, lo más probable era, como puede comprobarse con los datos de abortos en la Sanidad Pública en este periodo, es que quedase marginada a centros específicos de titularidad privada. Es evidente que una parte del problema está en la conveniencia de muchas administraciones sanitarias en no afrontar el problema y su desinterés en garantizar el derecho a una prestación que está incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Por eso entendemos que la regulación de la objeción de conciencia en la Sanidad Pública es impres

ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA INTENTAR SUPERAR LA SITUACIÓN CRÍTICA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA TRAS LA PANDEMIA COVID El deterioro de la Atención Primaria se venía produciendo desde años antes de la pandemia por coronavirus. Ahora la saturación de los centros de salud por el exceso de actividad por la pandemia, las acumulaciones o la falta de profesionales, etc., no debería servir de coartada para que las Administraciones públicas o los grupos de profesionales que consideran que los pacientes abusan del sistema asistencial, limiten el acceso a los centros de salud y a la atención sanitaria poniendo barreras físicas o funcionales. La progresiva degradación de la AP ha sido consecuencia de decisiones políticas a través de una financiación insuficiente, una mala gestión de los recursos y la potenciación de la medicalización. Algunas administraciones y grupos profesionales han aprovechado la forma de afrontar la pandemia para organizar la demanda a su gusto, que se resume en menos actividad

La Fundación Foessa y CaritaS han publicado el informe "Sociedad expulsada y derecho a ingresos", donde indican que la pandemia ha tenido un impacto "desolador" en la sociedad española, con 11 millones de personas en exclusión social y, de ellas, seis millones ya en situación de pobreza severa. Son dos millones más que en 2018 y supone la cifra más elevada registrada en el país desde 2007. Según el informe, se aprecia un empeoramiento generalizado de los niveles de integración para el conjunto de la población: han aumentado las familias en situación de pobreza, pero también se han reducido los hogares sin problemas de exclusión, que son el 41,2% cuando en 2018 eran el 49,3%. "Se ha producido un deslizamiento de los diferentes estratos de la sociedad hacia situaciones de mayor precariedad y exclusión social. Una fuga imparable hacia una sociedad más desigual, donde el grupo que más crece es el de los más desfavorecidos", ha aseverado. "Este in

A. Infante, D. Lopez-acuña. J.Martinez A comienzos de la semana pasada el Gobierno sometió a consulta pública previa el anteproyecto de ley para la creación del Centro Estatal de Salud Pública que viene a sumarse a otro, en marcha desde finales de 2020, de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del sistema nacional de salud. Se trata de dos iniciativas de ley que, tal como señalan sus respectivos títulos, tienen una gran importancia para el futuro de la sanidad española. Las dos plantean temas que han estado reiteradamente en el centro de los debates habidos a consecuencia de la pandemia de covid19 y de las políticas de salud seguidas para hacerle frente. Diversos factores, entre ellos los debates sobre el final de las restricciones y sobre la campaña de vacunación, han condicionado que hasta el momento no hayan recibido la necesaria atención. Iniciativa de Ley de medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud En el primer caso el texto