Aunque miles de sanitarios se han dejado la piel por los ciudadanos, poniendo en riesgo su salud física y mental para superar un trance sin precedentes en nuestro mundo. Muchos han trabajado desde el primer minuto hasta el último, encadenando contratos temporales que, en miles de casos, o han acabado o lavan a hacer en un plazo muy corto, contratos que las comunidades autónomas no tienen previsto renovar, aunque se considere en este momento que el Sistema Publico de Salud está al límite de sus posibilidades tras el evento de la pandemia y sus sucesivas oleadas, y sería aconsejable valorar incrementar personal, hemos de tener en cuenta que las listas de espera que se han generado a partir de la pandemia, con patologías no tratadas, con enfermedades que tienen una demora que ha aumentado muchísimo, hacen a estos contratos irremediablemente necesarios.
De acuerdo con los datos de diferentes agencias informativas españolas, cuando concluya el presente año de 2021, el conjunto de las Comunidades autónomas habrá despedido a casi 28.000 de los sanitarios que fueron contratados como refuerzo para poder combatir los efectos mortales de la pandemia de COVID 19.
Paradójicamente todo este personal continúa siendo tan imprescindible como lo era cuando las sucesivas olas pandémicas hicieron su letal aparición en España. Actualmente se está tardando tanto o más, en poder conseguir una cita para un Centro de Salud o para un Hospital como ya lo era durante las diferentes oleadas de COVID19.
Las listas de esperas en el conjunto de la Sanidad españolacontinúan creciendo exponencialmente. En algunos casos, la cita médica, - según informan los sindicatos del sector- , tardan en producirse hasta un año. Sin embargo, estos plazos varían según las diferentes Comunidades. Oscilan entre los 60 días del País Vasco, a los más de 200 o 300 días de Andalucía o de Castilla-La Mancha.
Las autoridades sanitarias de las Comunidades autónomas argumentan que no pueden ya sostener las plantillas porque a estas alturas no existen fondos Covid que las mantengan. Los sindicatos alegan, por otra parte, que el Servicio de salud no está informando de los despidos que se están produciendo, existiendo una suerte de "silencio clandestino" en todo lo que se refiere a este tema.
En Andalucia 8.000 profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) han dejado de trabajar desde el 1 de noviembre porque el Gobierno regional no les ha renovado contratos que han sido temporales para ayudar durante la crisis de la COVID-19. Quienes liberan sus puestos se debaten entre marcharse de Andalucía u optar a contratos menores-
En Extremadura no se ha renovado al 80% de los contratados. De los casi 2.000 que se incorporaron a lo largo de la crisis sanitaria, apenas quedan alrededor de cuatrocientos.
En la Comunidad cántabra se ha prescindido del 66% de los contratos. En la murciana, del 60%.
El gobierno madrileño de Ayuso, por su parte, ha comunicado formalmente a los sindicatos que no se renovará la mitad de los contratos COVID, unos 5.000 de los 11.000 contratados.
En gran parte resto de las Comunidades el porcentaje de despidos bascula dentro de los márgenes citados. Sólo Cataluña ha garantizado que en esa Comunidad no se van a producir despidos, y que se mantendrán íntegros los 13.000 contratos de la "emergencia COVID".
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